Primera aproximación a la cuantificación de la madera ilegal en Guatemala.

Abstract

A lo largo de los años, la industria forestal ha florecido y con ello uno de los grandes problemas ha sido la comercialización de la madera ilegal. Las diferentes actividades ilegales incluyen entre otras: la obtención ilegal de concesiones, la falsificación de títulos de propiedad o licencias de explotación, la inexistencia de planes de gestión forestal, la tala de árboles sin permiso o fuera del área permitida, la extracción de más árboles que lo autorizado, el traslado ilegal de madera entre fronteras y/o concesiones, el fraude en la declaración de tasas de tala o de exportación, etc.

Las acciones de corrupción no pueden ser ignoradas y es necesario hacer un cuidadoso análisis para explicar algunos de sus orígenes. A esto le podemos agregar las diferencias entre la planificación y ejecución debido a los limitados recursos económicos asignados a los organismos gubernamentales y no gubernamentales en materia forestal.

La legislación nacional vinculada a la gestión ambiental comprende mucha normativa que directa o indirectamente regula el tema y ha creado múltiples entidades y departamentos a los que ha asignado atribuciones y funciones vinculadas con los recursos naturales, como son las instancias administrativas (con funciones generales y para la presentación de denuncias) y las instancias de policía, con atribuciones generales en relación con todo delito. En términos generales el Derecho Ambiental es un instrumento de la política ambiental estatal, misma que debe responder a imperativos de interés público.

El propósito de la primera aproximación de la madera ilegal en Guatemala, consistió en el desarrollo de una evaluación de volumen de madera ilegal que se comercializa en nuestro medio, basándose en tres métodos o instrumentos: la encuesta, entrevistas personales y la oferta/demanda de madera. El primero fue dirigido a la industria forestal primaria, debido a que es un sector ubicado y representado legalmente. El tipo de muestreo que se utilizó fue el aleatorio simple, en el cual todos los componentes de la población tuvieron la misma posibilidad de ser representados. Dado un nivel de confianza y un error de muestreo de 80 y 20% respectivamente, se evaluó un total de 26 de las 278 industrias existentes a nivel nacional, en los departamentos de Petén, Baja Veparaz y la Ciudad de Guatemala, bajo los criterios de delitos forestales, producción generada por la industria (año 2,000) y concentración de la industria, respectivamente. El segundo consistió en dirigir entrevistas personales a técnicos, autoridades, empresarios y madereros con el objetivo de complementar la información referente al tema central, dándole importancia a las experiencias y opiniones que se tienen en la región, así como el planteamiento de posibles soluciones. El tercer y último instrumento se basó en una comparación entre la madera en rollo o en troza (producto que es más fácil de analizar ya que está sujeta a un menor grado de confusión) que ingresa a las industrias, y lo que se autoriza de acuerdo a los registros del INAB y CONAP, es decir, un balance entre la oferta y la demanda forestal; el supuesto que se manejó es que una diferencia puede indicar la circulación de madera ilegal (mayor demanda que oferta).

De acuerdo a los resultados de la investigación, existió una diferencia importante entre lo que los actores perciben que es ilegal y la cuantificación con base a los datos recabados de oferta/demanda de madera, por lo que se planteó que los datos recabados no pudieron ser concluyentes. En el tema de vigilancia, una de las principales causas del deficiente sistema es un reducido personal y su limitada capacitación; respecto al fortalecimiento del sistema de control se planteó una estrategia de participación más activa de la sociedad civil dirigida principalmente a los bosques; finalmente, como medida para hacerle frente a las actividades ilegales, se determinó que las estrategias sean dirigidas a la certificación forestal, delegar funciones de vigilancia a técnicos, imponer sanciones más severas, crear una unidad .de vigilancia con organismos privados, involucrar más a la sociedad civil, entre otras.

De acuerdo a la época, se pudo determinar que se debe enfatizar la vigilancia durante el período seco o de verano, ya que es cuando más actividad forestal existe en el medio. Como complemento al estudio se incluyó un mapa de cobertura forestal y los puntos de vigilancia del SEPRONA desplegados a nivel nacional.