Abstract:
INTRODUCCIÓN. De todos es conocido el flujo migratorio que lleva a miles de compatriotas cada año a abandonar sus lugares de residencia en Guatemala para viajar hacia "el Norte" en busca de trabajo y de oportunidades que el país no ofrece o simplemente para mejorar sus condiciones de vida, en forma temporal o permanente, como parte de una estrategia de subsistencia empleada en forma creciente¹. Se afirma que este flujo fuera de las fronteras nacionales se relaciona con uno de cada diez guatemaltecos y se estima que los ingresos que el país percibe por concepto de remesas familiares es el segundo renglón en la composición del Producto Interno Bruto². Se trata de un fenómeno consubstancial al modelo de desarrollo de nuestro país, subdesarrollado y dependiente, que en el mundo actual globalizado tiene la característica de ser -entre otros rasgos- expulsor de fuerza laboral.
Sin embargo, que dicho flujo incorpore a algunos miembros de comunidades que fueron desarraigadas por el conflicto armado interno entre los años 1980- 1984, principalmente, y que se reasentaron en los últimos siete años, es un hecho relativamente nuevo, realmente inquietante y que plantea un sinnúmero de interrogantes. Estas comunidades se organizaron y libraron una lucha tenaz por mantener su identidad y su organización en suelo mexicano o en las montañas y ciudades del país; pelearon por retornar y arrancaron al gobierno de la época acuerdos para reasentarse en condiciones de seguridad y
dignidad, primero, e introdujeron con fuerza su propia agenda a la mesa de negociaciones entre el gobierno y la insurgencia, logrando la suscripción de un acuerdo específico en el marco de los Acuerdos de Paz. Dicho acuerdo debía garantizar no sólo su reasentamiento, sino también su reintegración plena a la vida nacional y su desarrollo en forma sostenible.
Hasta agosto del año 2000, con excepción de las instituciones que desarrollan su trabajo en las comunidades reasentadas o bien aquellas interesadas directamente en el tema migratorio, poco o nada se sabía de que integrantes de comunidades reasentadas estén abandonando sus lugares de residencia, iniciando nuevos procesos migratorios.
La noticia de un "nuevo" retorno de refugiados-retornados a territorio mexicano apareció por primera vez en los diarios nacionales en agosto 2000, llamando la atención sobre el tema³. A partir de esta noticia, las instituciones gubernamentales de Guatemala y México, así como la cooperación internacional que ha apoyado el proceso de reasentamiento, han requerido información sobre la migración de población desarraigada(4) reasentada. En
octubre del 2000, la Organización Internacional para Migraciones (OIM) realizó
un diagnóstico sobre las familias ex-refugiadas guatemaltecas que reingresaron a México(5), para aportar algunos elementos sobre las motivaciones de este nuevo desplazamiento. Este estudio concluyó en que el reingreso a México no se ha producido en forma masiva y se refiere, fundamentalmente, a procesos de reunificación familiar y el retorno de jóvenes hijos de guatemaltecos, mexicanos por nacimiento.
Sin embargo, el conocimiento empírico de los representantes de las poblaciones desarraigadas y de organizaciones no gubernamentales que trabajan con ellas, ha permitido afirmar en distintos foros la existencia de un fenómeno migratorio nuevo a partir de estas comunidades e introducirlo a la lista de respuestas de la población ante la exclusión social(6), reconociendo al mismo tiempo que nos encontramos sin una cuantificación básica ni estudios precisos sobre el tema(7).
Se trata de un fenómeno nuevo, relativamente reciente, que, hasta donde ha podido establecer el presente estudio, se inició hace dos o tres años y es apenas ahora que las comunidades empiezan a hablar abiertamente de él.
Hasta hace muy poco tiempo las comunidades mismas evitaban hablar al respecto, en buena medida debido a que durante las negociaciones de la tierra y mucho tiempo después, el gobierno siempre indagó en las comunidades sobre la permanencia o no de dos beneficiarios en las fincas adquiridas para el reasentamiento, con el interés de saber si se estaba "llenando" el soporte poblacional(8) definido al momento de la compra y derivar de este hecho otras medidas respecto del poblamiento de las fincas y el pago de la tierra. Por otra parte, en algunas comunidades, reconocer este nuevo desplazamiento supone, en cierta forma, reconocer el fracaso en el empeño de lograr un reasentamiento
definitivo, que abriera una perspectiva diferente para estas comunidades.
En la actualidad el tema de la migración motiva conversaciones abiertas en las comunidades reasentadas, particularmente entre los jóvenes, y ha empezado a tratarse formalmente en reuniones de asamblea y de órganos directivos, asumiéndolo ya como un hecho cotidiano con el que hay que contar y que afecta de una u otra manera la vida comunitaria.
El reasentamiento de la población desarraigada es un proceso en marcha que dura ya más de 14 años, si tomamos como punto de partida la definición de la política pública para la repatriación de los refugiados(9). En la actualidad este proceso se abre camino entre dificultades y obstáculos cada vez mayores y, a partir del año 2000, ha acusado un franco estancamiento. En tanto el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Reasentamiento en el marco de los Acuerdos de Paz es todavía objeto de negociación entre las poblaciones desarraigadas y el gobierno, los balances disponibles a la fecha son inacabados.
Por otra parte, la información respecto de la inversión nacional pública o privada, o aquella proveniente de la cooperación internacional destinada al proceso de reasentamiento, se encuentra dispersa o no está disponible. Después de la cancelación de la Comisión Especial para la Atención de los Repatriados, Refugiados y Desplazados (CEAR) en junio de 1999, ninguna institución gubernamental la relevó en su mandato, quedando el proceso de reasentamiento en su conjunto sin un interlocutor institucional único. En la actualidad la Secretaría de la Paz (SEPAZ) cumple una función exclusivamente de facilitadora ante otras instituciones gubernamentales y la temporalidad de las políticas públicas ha representado el constante cambio de instituciones y competencias, la interrupción o retraso de procesos, el cambio de procedimientos y funcionarios clave, la pérdida de archivos y de memoria institucional, entre otros.
Como resultado de lo anterior, los archivos relativos al reasentamiento se encuentran dispersos(10) y, ante los señalamientos de corrupción que el gobierno del PAN enfrentó respecto de la ejecución de obras por el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), el acceso a los archivos que en su momento pertenecieron a la CEAR y que fueron trasladados a FONAPAZ luego del cierre de aquélla, se encuentran actualmente en OIM y acceder a ellos se ha hecho sumamente difícil y burocrático.
Sirva lo anterior para explicar que al realizar el presente estudio enfrentamos múltiples dificultades en cuanto a la disponibilidad de documentación e información previa. Sin embargo, la creciente importancia del fenómeno migratorio en general a nivel nacional, así como la participación creciente de poblaciones desarraigadas reasentadas en el mismo, reafirma la pertinencia de la investigación sobre el fenómeno.
Por otra parte, la utilidad práctica inmediata y mediata del conocimiento sobre estos nuevos flujos poblacionales en torno a los cuales existen compromisos de Estado, nos llevó a plantearnos la realización de un estudio exploratorio de carácter descriptivo que de cuenta del fenómeno en un ámbito reducido (el municipio de Ixcán) y delimitado en el tiempo (1997-2000). Esperamos que el resultado del presente estudio aporte elementos para profundizar en la comprensión del fenómeno migratorio en su conjunto y, en particular, que contribuya a la reflexión de por qué no se completa el reasentamiento y la
reintegración de estas poblaciones conforme a lo previsto en el momento de la firma de la Paz, impulsando a miembros de estas comunidades a nuevos desplazamientos forzados.
NOTA .
1 PNUD, Guatemala: la fuerza incluyente del desarrollo humano. Informe de Desarrollo Humano 2000, Guatemala, 2000. Pág. 170.
2 Ibid. "Se estima el envío de remesas en cerca de 438.6 millones de dólares, que significa un importante flujo monetario con efectos importantes en el gasto y la expansión de algunos mercados: de consumo en general, de divisas (dolarización), tierra, construcción, bienes y servicios y de trabajo." PNUD con base en información del Banco de Guatemala.
3 Prensa Libre, 20 de agosto 2000.
4 El término de población desarraigada se refiere al sector de población que debió abandonar sus lugares de residencia habitual por razones de la guerra, cruzando las fronteras nacionales o bien desplazándose dentro del territorio nacional. Incluye a la población refugiada, retornada y desplazada interna.
5 OiM, Diagnóstico de la situación de las familias exrefugiadas guatemaltecas que han reingresado a México, Guatemala, noviembre 2000.
6 En Informe de Desarrollo Humano 2002, Guatemala: la fuerza incluyente del desarrollo humano, el PNUD establece que "actualmente, la mayoría de quienes volvieron a sus lugares de origen se hallan empeñados, junto con el resto de la población, en una lucha cotidiana por la subsistencia. Muchos, incluso, acosados ahora por motivos socioeconómicos, se han visto obligados a emigrar de nuevo" (Pág.163).
7 En lo que respecta a la migración hacia México, el gobierno mexicano cuenta con datos respecto de los refugiados guatemaltecos que decidieron quedarse, pero no así de personas y familias originarias de Guatemala que en distintos momentos han pasado la frontera y se han asentado en territorio mexicano. Según el investigador Manuel Angel Castillo: "A pesar de la importancia que obviamente conlleva esa población integrada a la sociedad fronteriza, poco se conoce de su magnitud y características particulares.
Tampoco se conoce su condición (documentada o no autorizada), pero el hecho probable es que forman parte esencial de la vida cotidiana de la región en sus dimensiones económica, política y social." Frontera Sur y migraciones, en Migración Internacional, Año 4, No. 12, México, CONAPO, 2000.
8 El soporte poblacional durante el proceso de retorno hacía referencia a la metodología utilizada por el gobierno guatemalteco para establecer la cantidad de familias que podían reasentarse en una determinada área y comprendía estudios agrológicos para conocer la calidad del suelo, investigación sobre su ubicación, vías de acceso e hidrografía, así como aspectos socio-económicos de la población a ubicarse en la finca, que aflojaron finalmente recomendaciones sobre capacidad de uso, expresada en un número de hectáreas de terreno por habitante a reasentarse. Este elemento fue objeto de largas discusiones entre los representantes gubernamentales, por un lado, y los refugiados y las organizaciones de apoyo, por el otro. En septiembre de 1996, la Instancia Mediadora-GRICAR realizó un taller sobre el tema entre los actores involucrados, para acercar las posiciones de unos y otros.
9 Aunque desde 1984 se produjeron algunas repatriaciones individuales sin garantías y atendidas por el ejército guatemalteco, en 1987 las autoridades firmaron un acuerdo para la promoción de las repatriaciones, bajo condiciones determinadas unilateralmente por las autoridades y en una dinámica dominada por el ejército, bajo responsabilidad institucional de la Comisión Especial de Ayuda a Refugiados, creada un año antes en el marco de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Esquipulas II. Ver: de Camacho, C. y Aguilar, C., Memoria de la Esperanza, 1997, y Kauffer, E.
Refugiados Guatemaltecos en México: del refugio a la repatriación, del retorno a la integración, 2000.
10 Ver el Capítulo 4: Situación de los archivos relativos a la tierra de la población desarraigada, del Informe de Investigación La Seguridad Jurídica de la Tierra de la Población Desarraigada, ACNUR-ASIES, Guatemala, agosto 2000.