Abstract:
INTRODUCCIÓN. Según el PNUD (1997), Guatemala actualmente ocupa el 117 lugar entre los países del mundo según el Índice de Desarrollo Humano (IDH), lo cual entre otros indicadores significa que 14.5% de la población no sobrevivirá los 40 años, 43% no tiene acceso a servicios de salud, 36% no tiene acceso a agua potable y 44.4% son analfabetas. En relación a los ingresos, este mismo informe señala que 20% de la población más pobre recibe 357 dólares como PIB real cápita; en cambio el 20% más rico recibe 10,710 dólares del PIB real cápita. 53% de la población recibe 1 dólar por día y 58% de la misma está en línea racional de pobreza.
De acuerdo a estos daros, es obvia la desigualdad en la distribución del ingreso nacional y las condiciones de calidad de vida entre los guatemaltecos.
Respecto de esto, SEGEPLAN (1996) plantea que los ejes centrales de la estrategia de desarrollo del gobierno se circunscriben al combate de la miseria, a los privilegios y la discriminación, mediante la justicia social, la democracia participativa y la igualdad ante la ley. También se señalan el combate a la corrupción, el crecimiento económico con estabilidad; la conservación del ambiente y la equidad como ejes centrales de esta misma estrategia.
Explica SEGEPLAN que se procura también en el gobierno, fortalecer las corporaciones municipales para satisfacer demandas de servicios que se proveen a ese nivel y para incentivar la participación ciudadana en la gestión y auditoría social a nivel local.
Por otro lado, Cornia (1998) señala que la pobreza (expresión máxima del subdesarrollo y principal desafío del desarrollo) es inversamente proporcional al nivel de instrucción. Esto permite afirmar que a mayor nivel de instrucción (o escolaridad en este caso), la población será menos pobre.
Sin embargo, la instrucción en sí misma, aún cuando es incuestionable su importancia para el desarrollo individual y social, su efectividad es más patente cuando se asocia a la participación popular como elemento esencial del desarrollo humano.
De acuerdo al PNUD (1993), la participación exige influencia y control, así mismo como mayor protagonismo en términos económicos, sociales y políticos. Económicamente significa capacidad para dedicarse libremente a cualquier actividad de ese tipo. Socialmente significa capacidad de intervenir con plenitud en todas las formas de la vida de la comunidad y políticamente significa capacidad de elegir libremente y cambiar el gobierno a todos los niveles.
Todas estas formas de participación exigen capacidad en la persona, y en gran medida, esta capacidad es desarrollada y consolidada por la educación, la cual, en distintos grados de escolaridad, proporciona y fija conocimientos, habilidades y actitudes en las mismas para desempeñarse adecuadamente en la vida y en la comunidad local, nacional e internacional.
Tomando en consideración la relación existente entre educación, participación popular y desarrollo, es cuestionar; hasta qué punto es viable en Guatemala aplicar estrategias de desarrollo integral, cuando las mismas requieren de la participación organizada y activa de personas capaces y conscientes de integrarse al proceso del desarrollo nacional como protagonistas y beneficiarias del mismo, sabiéndose que la gran mayoría de los guatemaltecos adolecen de un nivel de escolaridad adecuado que desarrolle su capacidad protagónica. RR