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Análisis del estado actual del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas basado en un diagnóstico de Estado, Presión, Impacto y Respuesta (EPIR).

Resumen

El Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) fue creado a partir de la Ley de Áreas Protegidas (Decreto Legislativo, 4-89) y está conformado por 123 áreas protegidas existentes en el país, que equivalen al 28.60% del territorio nacional. El SIGAP tiene como meta principal el conservar áreas representativas de los hábitats naturales presentes en el país, que puedan mantener los procesos ecológicos que soportan la diversidad biológica, manteniendo poblaciones viables de especies y garantizando a las poblaciones humanas el mantenimiento de los bienes y servicios esenciales para su vida. De esta forma, las áreas protegidas se constituyen como una de las herramientas más importantes para la conservación y manejo de los recursos naturales, bajo un esquema legal que permite su protección. Este trabajo presenta un análisis del estado actual del SIGAP, con el objetivo de identificar sus deficiencias y recomendar la orientación de los esfuerzos hacia los puntos que requieren mayor atención. El análisis se realizó utilizando el esquema Estado-Presión-Impacto-Respuesta, que tiene como base una lógica de causalidad que supone existen relaciones de acción y respuesta entre factores que pueden ser descritos por indicadores. Los resultados indican que el SIGAP enfrenta muchas limitaciones que debe resolver para lograr cumplir con el fin de representatividad ecológica y alcanzar un adecuado manejo de sus unidades de conservación. Fueron identificados tres ecosistemas sin ningún tipo de protección: el bosque deciduo no xerofítico, el bosque semideciduo latifoliado de bajura y colinas, y el bosque semideciduo mixto de bajura y colinas, en la parte oriental del país. Y otros nueve ecosistemas no se encuentran bajo el mínimo de representatividad (10%). Por otro lado, se observó un déficit generalizado de gestión, tanto técnica como de presencia en el campo, haciendo insuficientes las medidas de control y seguimiento en las áreas protegidas; siendo el bajo presupuesto asignado uno de los factores limitantes para los entes administradores y coadministradores de las áreas. Se reconoce que la ejecución de las leyes que respaldan a las áreas protegidas se ve limitada por falta de integración de éstas al resto de políticas públicas y a escenarios difíciles de gobernabilidad y aplicación de la ley y sistema de justicia. Sin embargo, se concluye que la reciente valoración económica de los bienes y servicios que presta el SIGAP subraya la importancia de las áreas protegidas como un sistema que permitirá la conservación y manejo sostenible de los ecosistemas naturales. Se identificó también, como potencialidad del SIGAP, su capacidad de ejecutar acciones para la obtención de recursos internos y maximizar las inversiones internacionales, a partir de ingresos por incentivos ambientales como: el pago por el valor de protección del suelo, producción de agua, fijación de carbono, servicios del bosque, ecoturismo, entre otros. RR